La Ley de Competencia de Guatemala busca promover y defender la competencia para fortalecer la eficiencia económica y el bienestar del consumidor, así como prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas. Es de observancia general, aplica a todos los agentes económicos y opera supletoriamente en sectores regulados. Una Superintendencia autónoma, dirigida por un Directorio y un Superintendente, la aplica. La ley distingue prácticas monopólicas absolutas (acuerdos entre competidores sobre precios, mercados, producción o licitaciones) y relativas (conductas de agentes con posición de dominio), ambas con defensa por eficiencia. Exige notificación previa de concentraciones que superen umbrales, con plazo de 30 días. Prevé terminación anticipada, multas de hasta 200 mil salarios mínimos e impugnación ante salas contencioso-administrativas especializadas.